Precios de transferencia

El criterio de vinculación del artículo 260-1 del Estatuto Tributario es más amplio de lo que el mercado supone. Comprende las subordinadas por capital, por votos o por influencia dominante.

Alcanza además las operaciones entre vinculados realizadas a través de terceros no vinculados, los casos en que más de la mitad de los ingresos brutos provienen de los socios, y los consorcios y las uniones temporales.

El artículo 260-2 extiende el principio de plena competencia a las operaciones con vinculados ubicados en zona franca, que constituyen vinculación interna y no transfronteriza. Para el cómputo de los topes, la reglamentación obliga a agregar el mismo tipo de operación realizado con vinculados del exterior, con vinculados en zona franca y con partes en jurisdicciones no cooperantes.

Esa regla de agregación explica por qué compañías que se consideran no obligadas lo están. El umbral desaparece por completo en las operaciones con jurisdicciones no cooperantes: ahí la obligación aplica sin consideración del patrimonio ni de los ingresos del contribuyente.

La obligación tiene dos componentes que se confunden. La declaración informativa es un formulario con vencimiento propio en el calendario tributario, que se presenta ante la DIAN. La documentación comprobatoria es el estudio que demuestra que el precio corresponde al que habrían acordado partes independientes. Presentar la declaración sin el estudio deja la obligación cumplida a medias, y el incumplimiento de cada componente acarrea sanciones autónomas, aun cuando el impuesto no esté en discusión.

El análisis de comparabilidad es donde se gana o se pierde una discusión. Exige seleccionar el método más apropiado conforme al artículo 260-3, identificar comparables defendibles, ajustar por las diferencias relevantes y concluir un rango. Un estudio con comparables débiles no protege: documenta un margen que la compañía no puede sustentar.

En grupos empresariales se agregan el informe maestro, que describe la operación global y debe ser consistente con lo que presenta cada jurisdicción, y el informe país por país para grupos que superan el umbral de ingresos consolidados. La inconsistencia entre el informe local y el maestro es un hallazgo frecuente y evitable.