Derecho corporativo y societario

Las decisiones societarias se controvierten por la forma con más frecuencia que por el fondo. Una convocatoria sin el término o por un medio distinto al estatutario, un quórum mal contado, una mayoría especial tratada como ordinaria, un acta que no refleja lo decidido o una reforma sin inscribir bastan para hacer impugnable la decisión años después.

El riesgo se materializa en el peor momento: cuando ingresa un socio y su asesor revisa la cadena de actas, cuando un adquirente adelanta su diligencia debida, o cuando un accionista minoritario controvierte una decisión adoptada sin su concurso.

El acuerdo de accionistas resuelve lo que los estatutos no regulan: el derecho de preferencia, quién puede adquirir primero, la fórmula de valoración de la participación, las decisiones que exigen unanimidad y el mecanismo de desempate. Suscribirlo mientras existe acuerdo entre los socios es materialmente posible; suscribirlo durante el conflicto, no.

La ejecución específica de las obligaciones pactadas en un acuerdo de accionistas, la impugnación de decisiones de los órganos sociales, la desestimación de la personalidad jurídica y la nulidad de determinaciones adoptadas en abuso del derecho de voto corresponden a la competencia jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades.

Ese foro se redujo en 2023. La Corte Constitucional declaró inexequible la atribución genérica para resolver conflictos societarios, por indeterminación, con efectos hacia el futuro. Las competencias puntuales subsisten, y determinar si un asunto cabe en alguna de ellas es una decisión previa a la demanda.

Las operaciones sobre el capital y las reorganizaciones tienen efecto tributario inmediato. Existen estructuras impecables en lo societario y costosas en impuestos, por lo que la decisión se revisa con las áreas tributaria y financiera antes de su ejecución.