Derecho tributario

El procedimiento corre por pistas paralelas que se confunden con frecuencia. Una determina el tributo y culmina en la liquidación oficial de revisión. Otra impone sanciones autónomas y corre por pliego de cargos y resolución sanción. Los términos y las oportunidades de defensa son distintos en cada una.

En la pista de determinación, el requerimiento especial es requisito previo e indispensable de la liquidación de revisión y debe notificarse dentro de los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. El contribuyente dispone de tres meses para responder, y la administración de seis meses para expedir la liquidación.

El artículo 711 del Estatuto Tributario obliga a que la liquidación se contraiga a la declaración del contribuyente y a los hechos del requerimiento especial. Lo que precluye con el tiempo es la prueba y no el argumento jurídico: el artículo 781 impide invocar después, en su favor, los libros que no se presentaron cuando la administración los exigió.

La aritmética de la aceptación define el momento de mayor valor. Aceptar en la respuesta al requerimiento especial reduce la sanción por inexactitud a la cuarta parte; aceptar ya notificada la liquidación de revisión la reduce solo a la mitad. La ventana más favorable se cierra antes de que exista acto de determinación.

El recurso de reconsideración procede dentro de los dos meses siguientes a la notificación. El parágrafo del artículo 720 permite demandar directamente ante la jurisdicción, pero solo a quien atendió en debida forma el requerimiento especial. No responderlo amputa esa opción procesal.

La firmeza de la declaración y la prescripción de la acción de cobro son plazos distintos. Una declaración puede estar en firme y la obligación seguir siendo cobrable, porque la firmeza se cuenta desde el vencimiento del plazo para declarar y el cobro desde la exigibilidad de la obligación.