La llamada no viene del empresario. Viene de un hijo, o de un abogado de familia, y empieza con la misma frase: necesitamos saber cuánto vale la empresa para poder repartir.

Lo que sigue es un ejercicio que se parece poco a una valoración de venta, aunque use las mismas herramientas.

¿Por qué cambia la valoración cuando no hay venta?

Porque desaparece el mecanismo que normalmente produce el precio.

En una venta hay un comprador empujando hacia abajo y un vendedor empujando hacia arriba. De esa tensión sale una cifra que ambos aceptan porque ninguno pudo más que el otro.

En una sucesión no hay nadie del otro lado. Hay personas que se van a quedar con la empresa y personas que van a recibir una compensación en lugar de acciones. Todas tienen interés en la misma cifra, en direcciones opuestas, y nadie va a salir al mercado a comprobar si es correcta.

Eso impone tres exigencias que en una venta no existen.

Independencia que se pueda demostrar. Si la valoración la hace el contador de la compañía, que le responde a quien la administra, el resultado va a ser cuestionado. Y con razón.

Fecha de corte explícita. El valor relevante no es el de hoy sino el del día del fallecimiento del causante o el de la disolución de la sociedad conyugal. Lo que pasó después no entra. Si la empresa perdió su principal contrato ocho meses después del fallecimiento, para efectos de la sucesión sigue valiendo lo que valía entonces. Esto genera discusiones duras y es inevitable: la ley fija el momento, no el valorador.

Trazabilidad completa. Cada supuesto tiene que estar escrito y poder reconstruirse. Una valoración que no se puede auditar es inútil cuando hay desacuerdo, y en estos casos lo hay casi siempre.

¿Se puede repartir por el valor en libros?

Se puede, es lo que más se hace, y es una mala idea.

Tomar el patrimonio contable y dividirlo tiene dos virtudes: es rápido y nadie discute de dónde salió la cifra. El problema es que esa cifra casi nunca refleja lo que la empresa vale, de modo que la rapidez se paga con injusticia.

Si la compañía opera bien, el patrimonio contable queda corto y perjudica a quien recibe dinero en lugar de acciones. Si la compañía tiene activos sobrevalorados y rentabilidad deteriorada, pasa lo contrario: quien se queda con las acciones recibe menos de lo que la cifra sugiere y se da cuenta años después.

Es un dato del expediente. No una conclusión.

¿Qué complica una empresa familiar?

Que buena parte del valor de la empresa no está en la empresa.

Es lo que más tiempo consume en estos encargos. Inmuebles a nombre de personas naturales que el negocio usa sin pagar arriendo, o pagándolo a una tarifa que no es de mercado. Vehículos de la compañía en uso personal. Familiares en nómina que no trabajan en la operación, y familiares que trabajan sin estar en nómina. Cuentas por cobrar a socios que llevan años creciendo y que nadie espera recaudar. Préstamos entre la empresa y la familia sin documentar.

Cada una de esas partidas empuja el resultado en una dirección distinta, y ninguna aparece etiquetada como tal en el balance.

En la práctica, la mayor parte del desacuerdo entre herederos no es sobre la tasa de descuento. Es sobre qué entra y qué no entra en lo que se va a repartir. Esa discusión es previa al modelo y hay que darla de frente, idealmente con todos los interesados en la misma sala.

¿Quién le paga a quién, y con qué?

Supongamos que la valoración se acepta. Queda el problema que de verdad bloquea estos procesos: quien se queda con la empresa tiene que compensar a los demás, y no tiene esa caja.

Las salidas son cuatro y conviene mirarlas antes de cerrar la cifra, no después:

Pago diferido, con cronograma y con garantía sobre las propias acciones.

Endeudamiento de la compañía para financiar la compra de las participaciones. Hay que verificar que el flujo de caja aguante el servicio de esa deuda sin estrangular la operación, porque si no, en tres años no hay empresa que repartir.

Entrega de otros bienes del patrimonio familiar (inmuebles, inversiones) en lugar de efectivo.

Venta parcial a un tercero para generar la liquidez.

Una valoración que ignora la capacidad de pago produce un acuerdo que se incumple. En estos encargos el entregable útil rara vez es una cifra sola: es una cifra con un esquema de pago que funcione.

¿Se puede evitar todo esto?

En buena medida sí, pero no en el momento en que ya ocurrió el hecho.

Los instrumentos que resuelven el problema antes son el protocolo de familia, que define cómo se transfieren las participaciones y con qué método se valoran; el acuerdo de accionistas, que fija derechos de preferencia y mecanismos de salida; y la estructuración patrimonial, que puede separar desde el principio los activos de renta de la operación.

Cuando esos documentos existen y están bien redactados, la valoración deja de ser un campo de batalla y se vuelve la aplicación de una fórmula que todos aceptaron cuando nadie sabía a quién iba a favorecer. Que es, probablemente, el único momento en que una familia puede acordar algo así.

Grupo Empresarial Axi S.A.S. acompaña valoraciones para sucesiones, liquidación de sociedad conyugal y salida de socios, así como la estructuración patrimonial que las previene.