Revisoría fiscal y auditoría externa

La obligación de tener revisor fiscal depende del tipo de sociedad y de su tamaño. El artículo 203 del Código de Comercio la impone a las sociedades por acciones, y la sociedad por acciones simplificada tiene regla propia en el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008.

Para las demás sociedades, el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 fija el criterio en activos brutos de cinco mil salarios mínimos al cierre del año anterior, o ingresos brutos de tres mil. Los topes se expresan en salarios mínimos, de modo que su equivalente en pesos varía cada año.

La revisoría fiscal y la auditoría externa son encargos distintos. La revisoría es un órgano permanente de fiscalización, elegido por el máximo órgano social, que responde ante él y firma bajo responsabilidad personal. La auditoría externa es un encargo de aseguramiento sobre los estados financieros de un período determinado.

El alcance de la revisoría comprende la evaluación del control interno para informar al máximo órgano social si está diseñado para dar seguridad razonable sobre las operaciones y la información financiera, la verificación del cumplimiento de las normas contables, comerciales, tributarias y laborales, y la atención de los requerimientos de los entes de control.

Las inhabilidades del artículo 205 del Código de Comercio impiden que quien ejerce la revisoría desempeñe cualquier otro cargo en la compañía o en sus subordinadas durante el período. El artículo 50 de la Ley 43 de 1990 obliga al contador a abstenerse cuando median vínculos que afecten su independencia.

Los entregables son el dictamen sobre los estados financieros, el informe al máximo órgano social y la comunicación de las deficiencias de control detectadas, con los papeles de trabajo que sustentan cada conclusión.